Caso de Mayor OTAÑO PROBLEMA CONTINÚA ENTRE EL SILO SANTA CATALINA Y PRODUCTORES

Caso de Mayor OTAÑO PROBLEMA CONTINÚA ENTRE EL SILO SANTA CATALINA Y PRODUCTORES
La maquinaria de Agro Silo Santa Catalina, integrante del Grupo Favero, se dirigía al inmueble de Sienna S A donde tiene su plantación de soja. Desde muy temprano, los empleados de Sienna se apostaron en los puntos de acceso e instalaron vehículos para cerrar el paso hacia la finca donde están los cultivos de granos.
La operación policial estuvo a cargo del comisario Fidel Godoy Elli, jefe de Orden y Seguridad de la jefatura departamental de Itapúa. El sitio de conflicto se encuentra ubicado en la compañía Yaku’i Guazú, distrito de Mayor Otaño.
Al llegar los efectivos al lugar encontraron las barreras montadas con vehículos; ordenaron el despeje del sendero y no quisieron escuchar razones esgrimidas por los abogados de Sienna.
El oficial de justicia Marcos Sanabria ordenó a la Policía Nacional reprimir a los empleados de la firma, lo que dio inicio a un violento enfrentamiento. Los empleados de Sienna no tuvieron oportunidad de frenar a la Policía, cuyos efectivos hicieron alarde de extrema e innecesaria brutalidad.
El conflicto es resultado de un litigio entre el Grupo Favero y Marino Raiter donde Sienna no tiene ninguna participación; sin embargo, el fuerte respaldo policial permitió que la maquinaria de Agro Silo Santa Catalina pueda avanzar para cosechar soja ajena.
La intervención policial fue decisión del comandante Críspulo Sotelo Cáceres, quién asumió responsabilidad personal en la operación: no comunicó previamente al Ministerio del Interior de la operación que finalmente tuvo lugar esta mañana y no aguardó dictamen de la asesoría jurídica sobre la legalidad del operativo.
El resultado fue una violenta represión, con heridos que debieron ser evacuados hasta el hospital distrital de Mayor Otaño para recibir atención médica.
El comandante Sotelo Cácerez puso a la Policía Nacional al servicio de intereses particulares del senador Óscar González Daher, presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Para dar visos de legalidad a la intervención policial se utilizó un auto interlocutorio firmado el martes último por la jueza Julia Rosa Alonso Martínez, titular del juzgado civil del quinto turno de Asunción, quién anuló una medida cautelar dictada en favor de Sienna por la jueza Mafalda Cámeron Luque, el pasado 19 de enero.
La sentencia definitiva 3/17 de la jueza Cámeron Luque fue anulada por su colega del fuero civil, también de primera instancia. La atribución para modificar o anular una sentencia es competencia exclusiva del tribunal de apelación.
Esto explica la celeridad con que el comisario Sotelo Cáceres montó el operativo en favor del Grupo Favero y el senador González Daher: se debe presentar hecho consumado ante la innegable ilegalidad del documento firmado por Julia Alonso Martínez.
El Grupo Favero exige a Marino Raiter y su esposa, Marilene Penkal de Raiter, el pago de 23 millones de dólares. El matrimonio se niega a pagar la multimillonaria cifra e inicio una acción judicial para exigir la presentación del extracto de cuentas así como las hipotecas y pagarés que dan sustento al reclamo del Grupo Favero.
El abogado del Grupo Favero, José Costas Arriagada, se negó a entregar el extracto de cuentas argumentando que “nadie está obligado a declarar en su contra”.
El dictamen 353/2015 del Ministerio Público revela que la firma de la pareja fue falsificada. Los documentos fueron elaborados por dos escribanas, María Teresa Rodríguez y Nélida Chávez, en favor del Grupo Favero. Nélida Chávez es la esposa del senador Oscar González Daher.
http://www.abc.com.py/…/una-policia-al-servicio-de-gonzalez…
SANTA RITA VISION

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